El nuevo apartado 9 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadido por el RDL 8/2019, impone una nueva obligación a las empresas desde el pasado 12 de mayo: garantizar el registro diario de jornada.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ha tenido a finales del 2018 y en enero de 2019 varias modificaciones de calado debidas a la transposición de distintas Directivas europeas que perseguían armonizar y actualizar en todos los países de la Unión temas relativos a las marcas.
Este precepto de la Ley de Sociedades de Capital, con las sucesivas suspensiones, ha tenido una vida efectiva muy corta, que se ha segado de raíz, en su primitiva configuración, con la importante reforma operada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, vigente desde que empezó el 2019, que le ha dado nueva redacción, incorporando varias de las exigencias interesadas por la doctrina, amén de incorporar algunas mejores técnicas.
La LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), regula por primera vez, en nuestro ordenamiento laboral el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral y modificó la redacción de la letra h) del artículo 7 de la LIRPF.
Establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela como en lo relativo al ejercicio dela potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa y necesidad de contar con una nueva regulación que termine con la dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento.
La formación profesional para el empleo es la formación comprendida a lo largo de la vida profesional del trabajador, y su planificación y financiación se encuentra regulada en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, consistente en el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como finalidad impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional.
El artículo 167 de la Ley Concursal regula uno de los aspectos fundamentales de las consecuencias personales y patrimoniales del concurso: las condiciones o requisitos para la apertura de la en bastantes ocasiones temida sección de calificación concursal. La interpretación de dicho precepto concursal ha sido y es problemática, por causa, en sustancia, de las diversas redacciones que ha tenido el mismo desde la publicación de la Ley en el 2003.
Necesidad de elaborar una ley comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que incluya las disposiciones que disciplinan el sector público institucional y abordar una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas.
El contrato de arrendamiento urbano, regulado en la Ley 29/1994, es aquel que se concierta para el alquiler de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.
El artículo 693.2 LEC remite expresamente al artículo 24 de la Ley 5/2019, de 16 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, en vigor desde el pasado 16 de junio.
Recientemente esta la Ley Hipotecaria de 1946 (en adelante LH) ha sido modificada por la Ley núm. 5/2019 de 15 de marzo, reguladora del Crédito Inmobiliario, con la finalidad de integrar las mejoras en la protección de los prestatarios en materia de vencimiento anticipado y el interés de demora y otras de carácter técnico.
Un tema muy controvertido y que genera mucha conflictividad en relación con la propiedad horizontal es el del cuórum necesario para la adopción de acuerdos por parte de la junta de propietarios, ya que, los acuerdos incluidos en el orden del día deben aprobarse por el cuórum establecido en la LPH, y éste es distinto en función del acuerdo de que se trate, pudiéndose requerir mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad.
Esta Ley vio la luz con la publicación de la misma en el BOE núm. 65, de 16 marzo 2019, constituyendo un hito muy importante en el establecimiento de garantías para no cometer abusos en el pasado contra todo prestatario, fiador o garante persona física, con independencia de que sean o no consumidores.
Las medidas urgentes en materia tributaria establecidas por el Gobierno a finales del pasado año 2018, afectaron también al Impuesto sobre el Valor Añadido, de forma que sintetizamos aquí las novedades a tener en cuenta, este año, para la aplicación del impuesto.
La nueva Ley de contratos del sector público exige justificar la necesidad del contrato, así como el modelo de contrato y de licitación escogidos, además de analizar la conveniencia del contrato, incorporando los aspectos financieros.
Esta Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución Española.
En los últimos quince años se han producido avances legislativos significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer, entre los cuales destaca la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ahora nos ocupa, y que tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones análogas, aun sin convivencia.
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, por eso, esta norma se aprueba con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
El alcance y objetivo de esta ley es separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesar común; facilitar a los ciudadanos una regulación legal sistemática, ordenada y completa de los diferentes expedientes, simplificando la tramitación y respetando la seguridad jurídica; adaptar la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y adaptación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El alcance y los objetivos de la ley son: completar la adecuación del régimen jurídico del recurso contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales y dotar a la jurisdicción contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su función.
Con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo se modificó el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, regulado en el artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.
Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas (Art. 1). El artículo 1 que regula el objeto de la Ley tiene carácter básico y, por tanto, resulta de aplicación a todas las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que su contenido pueda ser completado por las distintas CCAA.
Con esta Ley se procede a una nueva ordenación del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de adecuar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) a las modificaciones normativas que se habían venido aprobando desde la anterior disposición legislativa que regulaba la actuación de la ITSS (Ley 42/1997).
Publicado el 7 de marzo de 2019 en el BOE, con entrada en vigor, salvo algunos aspectos, al día siguiente, 8 de marzo de 2019, día de la mujer trabajadora. Las modificaciones se plasman en varios textos normativos básicos en el ámbito socio-laboral: ET, el EBEP, la LGSS y el Estatuto del Trabajo Autónomo.
Las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad han sido sustituidas por la actual denominación “Nacimiento y cuidado de menor”, modificación realizada por el RDley 6/2019, de 1 marzo, con efectos desde 1-4-2019. Se regulan en los arts. 177 y ss. y, a la espera de una posible nueva norma reglamentaria se ha de completar con lo dispuesto en el RD 295/2009.
¿Cómo puede considerarse acreditado que el agente ha aportado nuevos clientes repercutiendo positivamente en la actividad económica del empresario y debiendo ser indemnizado por ello?
El sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada ha sido uno de los puntos de la Ley de Propiedad Intelectual más polémicos desde su implantación en el 2011 y ha sido en varias ocasiones reformada (la última en 2019). Muchas de estas modificaciones se deben a que tanto la jurisprudencia europea como española señalaron que el primer sistema establecido, al hacerse vía Presupuestos Generales del Estado, no aseguraba que el coste de la compensación equitativa fuese soportado por los usuarios de copias privadas y, por tanto, contrario a la normativa europea en la materia.
Norma que se enmarca dentro de las iniciativas legislativas que promovió el Gobierno en el año 2011 en orden a frenar el desempleo favoreciendo la creación de empresas y de estímulos a la contratación.
La Ley 6/2018, de 3 de julio (RCL 2018, 1020), de Presupuestos Generales del Estado , ha introducido una nueva redacción de los artículos 81 y 81 bis Ley 35/2006, de 28 de noviembre (RCL 2006, 2123), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no residentes y sobre el Patrimonio , que regulan la deducción por maternidad y deducción por familia numerosa y persona con discapacidad a cargo.
El régimen fiscal de mecenazgo es una de las principales políticas públicas para promover la celebración de aquellos acontecimientos que, mediante Ley, han sido considerados de excepcional interés público, tanto en el ámbito cultural como social.
El 25 de julio de 2019 finalizó el plazo general de liquidación del impuesto sobre sociedades del periodo correspondiente a 2018. La Orden HAC/554/2019, de 26 de abril aprueba los modelos de declaración. Como novedades de la campaña podemos destacar la incorporación de un nuevo supuesto de gasto no deducible.
El cambio más profundo en el Estatuto de los Trabajadores fue realizado por la Ley 3/2012 (procedente del RDley 3/2012, de 10 febrero), coloquialmente llamada “Reforma Laboral”, en vigor desde el 8 de julio de 2012, que recoge medidas para fomentar la empleabilidad de los trabajadores.
De un tiempo a esta parte la llama “economía colaborativa” ha tenido un auge espectacular al punto de revolucionar por completo sectores económicos tan importantes como el turismo o el transporte de viajeros.
Tras más de 20 años de vigencia la Ley de 1986 dio paso a la nueva de 2015 que entró en vigor casi 2 años después y trajo novedades interesantes. Una de las más importantes están en el procedimiento de concesión.
La modernización y aplicación de nuevas tecnologías en nuestro ámbito judicial plantea algunas lagunas y dudas que están siendo progresivamente resueltas por nuestros tribunales. Desde que se implantara el sistema de notificaciones telemáticas Lexnet, eliminando las comunicaciones en papel, tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo se han pronunciado sobre diversos aspectos en los actos de comunicación y presentación de escritos ante los órganos judiciales.
En el supuesto enjuiciado por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2018 (RJ 2018, 4511), Rº 496/2017, la trabajadora venía prestando servicios como gestor telefónico para una empresa que tenía adjudicada la gestión del número 061, en el centro de trabajo de Málaga (que tenía cerca de 70 empleados en plantilla). Con fecha 31-8-2015, fue despedida por causas disciplinarias, por el incorrecto registro de datos en la tramitación de las emergencias.
Actualmente, sólo están vigentes el Preámbulo y varias disposiciones al ser derogadas por normas posteriores o integradas en los textos legales de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, Estatuto de los Trabajadores y Estatuto Básico del Empleado Público.
La LGT, en su art. 116 obliga a la Administración tributaria a elaborar un Plan de Control Tributario, cuyo carácter reservado no impide la posibilidad de que se hagan públicos los criterios generales que lo informen. La Resolución de 11 de enero de 2019 (RCL 2019, 50) de la Dirección General de la AEAT, aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.
Durante todo el 2018 esta norma ha sufrido importantísimas modificaciones fruto de la transposición de diversas directivas europeas, pero fue le Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre y que incorpora al ordenamiento español las nuevas exigencias de la Directiva 2014/65/EU, sobre Mercados de Instrumentos financieros, más conocida como MiFID II.
La vigilancia de la salud de los trabajadores se encuentra regulada en el art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
La Ley 43/2006 de mejora del crecimiento y del empleo fue la materialización del “Acuerdo para la mejora del crecimiento del empleo”, recogiendo con fidelidad los criterios y propuestas acordados por los interlocutores sociales firmantes del Acuerdo.
Las medidas urgentes en materia tributaria establecidas por el Gobierno a finales del pasado año 2018, afectaron también al Impuesto sobre el Valor Añadido, de forma que sintetizamos aquí las novedades a tener en cuenta, este año, para la aplicación del impuesto.
Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas (Art. 1). El artículo 1 que regula el objeto de la Ley tiene carácter básico y, por tanto, resulta de aplicación a todas las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que su contenido pueda ser completado por las distintas CCAA.
Esta Ley es el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal y tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal.
Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han tenido históricamente en España una regulación específica. Esa regulación propia se ha identificado con la expresión «personal estatutario» que deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de personal –el estatuto de personal médico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de personal no sanitario– de tales centros e instituciones.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la Ley, aún habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, es todavía una tarea pendiente.
El 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por la LO 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, modificó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en materia de sujetos obligados.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece en su artículo 21.3 que el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes del mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas; y el apartado 5 del mismo artículo especifica que el Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley, ni aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es el tributo más importante de los Ayuntamientos: genera una elevada recaudación y afecta a gran número de contribuyentes. Viene regulado en los arts. 60 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales.
Con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo se modificó el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, regulado en el artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.
El alcance y los objetivos de esta Ley son: lograr un marco estable para que las decisiones políticas en las que se refleje el derecho de sufragio se realicen en plena libertad; dotar de una regulación específica a cada uno de los procesos electorales en el ámbito de las competencias del Estado; aportar las mejores técnicas para cubrir los vacíos que se han revelado con el asentimiento de nuevas instituciones representativas; y cumplir un imperativo constitucional inaplazable y hacerlo desde la globalidad que la propia Constitución impone.
El alcance y objetivos de esta Ley son: atención especial al establecimiento y ordenación del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo y a la voluntad de humanización de los servicios sanitarios y asegurar en condiciones de escrupuloso respeto a la intimidad personal y a la libertad del usuario, el Sistema Nacional de Salud, garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios que se prestan y sin ningún tipo de discriminación.
El artículo 294 ap. 1 de la LOPJ fue declarado inconstitucional y nulo en lo que respecta a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa”, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 junio, entrando en vigor el pasado 26 julio.
El alcance y objetivos de esta Ley son: facilitar la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas y garantizar una adecuada prevención de los impactos ambientales; y reunir en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos ambientales.
El alcance y objetivos de esta Ley son: establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de los mismos; y regular el régimen jurídico de los suelos contaminados.
La publicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, representó una reforma en profundidad de la función pública, en especial, de las competencias en materia de personal, estableciendo claramente que el Gobierno debía decidir la política de personal y muy particularmente, en la negociación de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos.
Cuando ocurre un accidente de tráfico debemos acudir al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor; norma que fue modificada por la Ley 35/2015, que estableció un nuevo baremo indemnizatorio para calcular el montante que corresponde a la víctima del accidente (o a sus familiares o allegados).
El artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa regula la participación del Ministerio Fiscal y de quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto en el expediente expropiatorio.
La Ley 1/2004, de 21 diciembre es norma estatal básica legítima dictada de acuerdo con lo previsto en el art. 149.1.13ª de la Constitución Española. El Estado establece en este ámbito un régimen de mínimos sobre el que las comunidades autónomas pueden desplegar sus competencias normativas y de ejecución sobre comercio interior, ajustándolo a las especificidades regionales.
El art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro establece una delimitación temporal de la cobertura del seguro de responsabilidad civil. En la Sentencia 185/2019, de 26 de marzo, del Tribunal Supremo, se analiza si cualquier cláusula de delimitación temporal debe o no cumplir simultáneamente los requisitos de las de futuro y de las retrospectivas o de pasado.
Hasta el año 2011, la Ley del Registro Civil que se encontraba vigente era de 1957 y no estaba adaptada a la Constitución ni a la realidad actual de la sociedad española, por lo que se sustituyó por la Ley 20/2011, de 21 julio. En esta nueva ley, inspirada en los valores constitucionales, se desjudicializa el Registro, al hacer posible que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de los que integran el poder judicial.