El dinero proveniente del Fondo Europeo de Recuperación va a ser, en los próximos años, una importante inyección y una fuente de negocio para los grandes despachos de abogados, las empresas y las Administraciones Públicas.
Tanto la Administración, encargada de diseñar y supervisar los cauces para la entrega de las ayudas, como el sector privado, que debe presentar y ejecutar sus propuestas, van a requerir de muchas horas de asesoramiento legal de alta precisión para solventar las exigencias que llegan desde Bruselas.
Los grandes despachos de abogados han visto una oportunidad a través de estas ayudas y subvenciones y, para ejecutarlo, incluso han creado departamentos con equipos multidisciplinarios destinados a la gestión y el asesoramiento, desde donde supervisarán las ayudas (han de ser superiores a un mes) y que van a publicarse en los boletines oficiales y otros organismos (FMI, Banco Europeo de Inversiones...), con el detalle de plazo, beneficiario, cuantía, etc. Las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho ayudan a los despachos a su tramitación como, por ejemplo, las soluciones jurídicas y de software Aranzadi, que ofrecen el primer módulo especializado del mercado en esta materia, con toda la información relativa a las ayudas y subvenciones de la Unión Europea y su gestión.
Según diversas fuentes, el Ejecutivo se ha puesto en contacto con grandes despachos de abogados, a los que les está exponiendo la posibilidad de colaborar con las pymes que deseen competir por los fondos europeos. Se trata de que estos bufetes abran una especie de ventanillas, con la finalidad de que los interesados puedan recurrir a los despachos a la hora de presentar sus proyectos. Los equipos multidisciplinares se encargarían de preparar la documentación y los trámites para presentarlos ante la oficina única que se va a abrir en Bruselas.
La Unión Europea ha lanzado un plan de recuperación económica tras la crisis de la COVID-19 mediante, entre otros, la concesión de ayudas y subvenciones por un total de 72.000 millones de euros para España. Una de las exigencias por parte de la UE es que esta cifra se invierta antes de que finalice el año 2026. Se trata del proyecto de estímulo fiscal más ambicioso nunca adoptado por la Unión Europea, que permitirá acometer inversiones propuestas durantes más de una década.
Los Estados miembros deberán abordar las recomendaciones económicas que han recibido durante los últimos años de parte de la Comisión Europea, algo que obliga a España a adoptar reformas del mercado laboral para reducir la temporalidad y del sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Los fondos de recuperación de la Unión Europea suponen la clave para la reconstrucción económica, conforme se cree el marco legal, el alcance y todas las vicisitudes y cambios que traerá consigo el reparto de fondos.
Según una encuesta del Parlamento Europeo, el 74% de los españoles considera que el plan de recuperación impulsará la economía tras la crisis provocada por la pandemia. Con la idea de estimular la economía y los mercados durante los primeros años, la UE ha decidido aglutinar el 70% de las ayudas en 2021 y 2022, lo que se traduce en 46.600 millones para España, mientras que otros 23.000 millones llegarían a partir de 2023.
Las ayudas y subvenciones generan una nueva oportunidad de negocio y ofrecen el apoyo para diseñar y supervisar los cauces para la entrega de las ayudas, así como la documentación necesaria para conocer, presentar y ejecutar las propuestas.