La Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, reconoce a través del Objetivo 16 la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que faciliten el acceso equitativo a la justicia y que se basen en el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho efectivo y la buena gobernanza en todos los niveles y, para ello, se requieren instituciones transparentes, eficaces y responsables libres de corrupción.
La contratación pública se presenta como una herramienta estratégica para la mejora de la vida de la ciudadanía al tiempo que se trata del ámbito de la gestión pública que está expuesto a mayores riesgos de fraude y corrupción.
Para evitar los peligros que existen, las instituciones públicas han de realizar un esfuerzo para minimizar en la medida de lo posible las posibilidades de corrupción en la contratación pública, pero no solo de corrupción, sino también de irregularidades e ineficiencias, y para ello puede hacerse referencia a tres instrumentos que han ido implementándose en los últimos tiempos y que se apuntan, en este informe, como eje fundamental para la prevención de la corrupción en la contratación pública: transparencia, rendición de cuentas y publicidad en la contratación.
En este contexto, el presente informe analiza la dimensión de la transparencia y de la integridad como antídotos a la corrupción en la contratación pública. Necesitamos conocer cómo está actuando el marco normativo y organizativo español en esta materia, para valorar cuál es su auténtica capacidad de respuesta a este problema y formular recomendaciones.
El informe ha contado para su elaboración con dos de los mayores expertos de España en el ámbito de la Justicia y de la Administración Pública: Joaquín Delgado Martín y Concepción Campos Acuña, que han aportado al informe la doble perspectiva de la prevención y la represión en relación con la corrupción en el sector público y en especial con la corrupción derivada de la contratación en este ámbito.
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Joaquín Delgado Martín
Magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Concepción Campos Acuña
Doctora en Derecho y directiva pública profesional.