Ley Antifraude y VERI*FACTU: Digitalización y Control Fiscal
La Ley Antifraude y el sistema VERI*FACTU representan un cambio clave en la digitalización y control de la facturación en España, con el objetivo de prevenir el fraude fiscal y garantizar la trazabilidad de los registros contables. A partir del 1 de enero de 2027, si se trata de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del 1 de julio de 2027 para otros obligados tributarios, todos aquellos que utilicen software de facturación deberán asegurarse de que sus sistemas cumplen con los nuevos requisitos, como la integridad, accesibilidad y seguridad de los datos. Además, los programas informáticos deberán incorporar un código QR en las facturas, permitiendo a la Agencia Tributaria verificar su autenticidad en tiempo real. El incumplimiento de esta normativa conllevará sanciones de hasta 150.000 euros, lo que hace imprescindible la adaptación a estas nuevas regulaciones.
El sistema VERI*FACTU es la piedra angular de esta transformación, permitiendo la remisión inmediata de las facturas a la Agencia Tributaria para una mayor transparencia y control de la facturación electrónica.
Este cambio se alinea con la Ley Crea y Crece, que impulsa la facturación electrónica obligatoria en transacciones B2B para combatir la morosidad empresarial.
Ley Crea y Crece
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, (Ley Crea y Crece) regula la obligación de factura electrónica en todas las operaciones entre empresarios y profesionales en un único artículo y una Disposición Final.
El contenido de la norma referido a este tema es muy escueto y, salvo el respeto a los estándares europeos y a la regulación fiscal, deja todos los aspectos específicos, características y funcionamiento a un posterior desarrollo reglamentario.
El citado desarrollo reglamentario se encuentra recogido en el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Este real decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de información del sistema español de factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales; los requisitos exigibles a las plataformas de intercambio de facturas electrónicas, entre ellos, los de interoperabilidad e interconexión mínima entre éstas; así como la regulación de los distintos estados de las facturas y el establecimiento de determinadas obligaciones de suministro de información.
Asimismo, desarrolla la disposición adicional 21 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, relativa a la solución pública de facturación electrónica y realiza modificaciones puntuales sobre el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, a fin de acomodarlo a las futuras características y requisitos del nuevo régimen de factura electrónica.
La implementación de este sistema no solo busca reducir el fraude fiscal, sino también modernizar la gestión financiera de las empresas y facilitar la declaración de impuestos mediante la automatización de procesos contables. Adaptarse a estos cambios será clave para las empresas que deseen cumplir con la normativa y evitar sanciones, asegurando así una transición fluida hacia la digitalización de la facturación.
