La protección de testigos frente a la criminalidad organizada no queda exenta de valoraciones críticas, siendo que no se concreta a una estrategia policial o de seguridad, pues también afecta a los derechos fundamentales de contenido procesal que deben ser reconocidos a toda persona sometida a la acción de la justicia penal.
En este caso, se hace una ponderación de intereses que termina decantándose por la restricción de derechos, sin que ello arroje soluciones de hondo calado frente a una delincuencia cada vez más organizada y que no ha podido contenerse con la extralimitación en la represión. La construcción de estos esquemas de arbitrariedad se debe, en gran medida, a la tendencia bipolar que ha venido mostrando la Comunidad internacional, pues, a la vez que fomenta el respeto de los derechos humanos, concede su vulneración en el contexto de la persecución penal de esta clase de delincuencia asociativa.
Esta obra está publicada en coedición con el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.
Introducción
I. La estrategia político-criminal contra la delincuencia organizada
1. Una línea político-criminal de lucha
2. Delincuencia organizada y Derecho de excepción
II. Directrices internacionales sobre la protección de testigos
1. Consideraciones preliminares
2. Convención de Palermo
3. Ley Modelo sobre protección de testigos, versión para América Latina
4. Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos
III. Aspectos de Derecho comparado
IV. La regulación mexicana sobre la protección de testigos en el marco de la persecución penal de la delincuencia organizada
1. En torno al concepto de delincuencia organizada
2. El testigo en el contexto de la persecución penal de la delincuencia organizada: funcionalidad y alcances de su protección
3. Concretos aspectos de la Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal
