Estamos ante una de las primeras obras una en abordar de forma sistemática esta crucial transformación digital de la Justicia.

Análisis del acoso en distintos ámbitos, su impacto en derechos fundamentales y su tratamiento en las áreas civil, penal, administrativo y laboral.

En tus manos de todos los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del jurado para tratar en cada uno las preguntas y respuestas que procedan con cita de doctrina y jurisprudencia.

Guía práctica de cuestiones procesales basada en formato pregunta/respuesta, con jurisprudencia actualizada y adaptada al Real Decreto-Ley 6/2023, abarcando juicios ordinarios, verbales, procesos especiales y de ejecución.

Un equipo de expertos analiza de forma práctica cada artículo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para exponer con precisión las obligaciones y responsabilidades a que da lugar.

Se analizan en el presente trabajo los aspectos sustantivos y procedimentales de la revocación de actos prevista en la Ley General Tributaria.

La tecnología y las redes digitales han transformado la forma en que las personas se relacionan, comunican y participan en la esfera pública.

En 2024 se cumplieron veinticinco años de la muerte de don Fernando Sáinz de Bujanda, el gran maestro pionero y fundador del Derecho Financiero y Tributario en España.

Análisis del impacto de la libertad religiosa en las relaciones jurídico-públicas y privadas, abordando su aplicación en el ámbito laboral y la Seguridad Social.

Estudio detallado de la acción directa en el transporte terrestre, analizando su régimen jurídico, su comparación con el arrendamiento de obra y la jurisprudencia aplicable.

La consecución del reto de la neutralidad climática necesita de la concurrencia de factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos y, también, jurídicos.

La rentabilización de los bienes públicos implica la toma de conciencia del valor de los patrimonios públicos y la voluntad de racionalizar y rentabilizar su gestión para conseguir, de esta manera, una mayor eficacia en la prestación de los servicios y fines públicos, y, en definitiva, una mejor satisfacción del interés general.