
Explora las 35 preguntas clave que el sector público debe conocer para aplicar correctamente la Ley de Protección del informante, conforme a la Directiva Whistleblowing.
¿QUÉ PRETENDE LA LEY?
Su finalidad es dispensar una protección adecuada frente a las represalias a aquellas personas que informen o alerten de determinadas conductas irregulares de que hayan tenido conocimiento en el contexto de su relación laboral.
Se trata de ofrecer una protección real y efectiva a esos trabajadores que, con sus valientes comportamientos cívicos, contribuyen de forma eficaz a advertir las posibles irregularidades de que tengan conocimiento en el ámbito laboral.
¿QUÉ OBLIGACIONES RESULTAN PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO COMO CONSECUENCIA DE ESTA LEY?
En contra de la idea generalizada, la obligación para los organismos o entidades del sector público no se agota con la creación de un canal para que los trabajadores puedan comunicar las irregularidades de que tengan conocimiento. Es necesario que creen un “sistema interno de información”, el cual, a su vez, debería formar parte de la estrategia de integridad de la propia organización.
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