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¿De qué trata el dosier?
Transcurridos 10 años ya desde la publicación de la Ley de transparencia (la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de trasparencia), es tiempo echar la vista atrás y analizar con cierta perspectiva lo acontecido durante esta década en la materia.
Si tuviéramos que agrupar los principales avances realizados en transparencia en nuestro país, podríamos hablar, fundamentalmente, del impulso legislativo llevado a cabo, la puesta en marcha y desarrollo de órganos de control de la transparencia, las medidas de los planes de gobierno abierto y las iniciativas innovadoras implantadas por administraciones concretas.
Recordamos las iniciales reticencias a una ley que era entendida como un avance importante por el gobierno, pero considerado limitado por parte de la sociedad civil, la falta de recursos dedicados por algunas Administraciones, la ausencia de estandarización de un sistema que certifique la transparencia mientras surgían iniciativas de evaluación poco consistentes y acientíficas, la carencia de capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la negativa a colaborar con él en ciertos asuntos por parte de la Administración, su incapacidad ejecutoria para hacer cumplir sus resoluciones firmes, la limitación del derecho de acceso durante la pandemia, las discusiones doctrinales sobre elementos jurídicos indeterminados de la LTAIPBG o la aplicación de los límites y causas de inadmisión, entre otras cuestiones, son algunos de los principales debates que se han planteado en nuestro país durante este período.
Debates no exentos de polémicas que, en más de una ocasión, han puesto de manifiesto la fragilidad de la implantación de la transparencia en España, fundamentalmente vinculada con la falta de una cultura de transparencia, tanto en la Administración como fuera de ella, en la propia sociedad.
No obstante, al mismo tiempo y aunque suponga una contradicción, se debe poner en valor todo el trabajo realizado durante este tiempo.