Ley de Eficiencia Procesal

¿Sabes por qué la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero marca un hito trascendental en el ámbito jurídico español, con implicaciones significativas para la profesión de la abogacía?

Esta ley Orgánica tiene un gran impacto en nuestro sistema judicial ya que, implica, la transformación de la Primera Instancia Judicial en España.

Además, implanta los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) para agilizar los procedimientos judiciales y reducir la litigiosidad.

Y modifica un número amplio de normas relevantes (33) del nuestro ordenamiento jurídico, como la LECRim, la Ley de la Jurisdicción Social, LOPJ, Ley de Mediación, la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativo.

Estamos ante la mayor reforma procesal desde el año 2000.

¿Por qué uno de los aspectos más relevantes de esta ley para la abogacía es la creación de los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales?

El establecimiento de los Tribunales de Instancia simplifica el acceso a la Justicia. Existirá un único tribunal asistido por una única organización que le dará soporte, la Oficina judicial. Esta organización judicial y los mecanismos de interrelación que la ley establece entre el Tribunal de Instancia y la Oficina judicial que le presta apoyo permitirán la corrección de las disfunciones derivadas de las diferentes formas de proceder en aspectos puramente organizativos y procedimentales. Se potencia así la accesibilidad y la confianza en el sistema de Justicia.

También desarrolla instrumentos que permiten una mayor homogeneidad de las prácticas y comportamientos de los órganos judiciales y de las oficinas judiciales, que implicará mayor previsibilidad, accesibilidad y proximidad, aportando seguridad y confianza a los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia.

¿Cómo afectará a la profesión los MASC, la obligatoriedad de intentar una solución consensuada antes de iniciar un proceso judicial?

La LO 1/2025 de Medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha supuesto una importante modificación de nuestro sistema procesal que ha venido acompañada de la introducción de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y el denominado requisito de procedibilidad entendido como la exigencia, con carácter general, salvo excepciones, de desplegar por las partes una actividad negociadora previa a la iniciación del proceso judicial y como condición de admisibilidad de la demanda. Se trata de potenciar la negociación entre las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y pueden ser igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil.

¿Qué supondrá para el ejercicio de la abogacía la digitalización del sistema judicial?

Los beneficios de los avances tecnológicos de los últimos años, tales como el expediente judicial electrónico, la digitalización de las Oficinas judiciales, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, la experiencia acumulada tras el desarrollo de la prestación del servicio de forma telemática, facilitarán el acceso a los expedientes judiciales o su participación en actuaciones procesales. Todas ellas son medidas que redundan, no sólo en la eficacia y el ahorro de costes, sino que tienen un gran impacto sobre la huella ecológica al evitar un gran número de desplazamientos a los Tribunales.